Inmigración, islamismo y control censal

El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), en su último informe sobre la amenaza islamista en España y las circunstancias que concurren en ella, hace hincapié en determinados puntos sensibles cuyos términos son los siguientes: 

1.- El islamismo en España se está radicalizando y está derivando hacia el salafismo. 

2.- Los elementos islamistas se están concentrando en algunas regiones españolas, preferentemente en Cataluña, que se ha convertido en el centro salafista más importante de Europa. Otras regiones donde está creciendo fuertemente el salafismo son Canarias y Rioja, aunque también se incrementa en el resto de regiones donde hay población de religión musulmana. 

3.- Los salafistas se camuflan entre los inmigrantes de su misma nacionalidad, hacen proselitismo y arrastran a otros a su posicionamiento ideológico, situándose en la antesala del yijadismo. También están realizando acopio de fondos en esos mismos ambientes que, en ocasiones, se envían al extranjero para financiar a grupos yijadistas y sus acciones. Para esa financiación perpetran delitos como robos, en los que consiguen dinero, tarjetas y documentación que falsifican, y también trafican con drogas. 

4.- Los salafistas aprovechan la inmigración ilegal para penetrar en España, asentarse en las comunidades de extranjeros y hacerse invisibles para los cuerpos policiales y de inteligencia, valiéndose del hermetismo de las comunidades de inmigrantes, que se mantienen aislados del resto de la sociedad española, conformando guetos de difícil control. 

5.- En esas “mini repúblicas islamistas” que se asientan en nuestros barrios, cada vez más autónomas y aisladas del entorno nacional, las células durmientes del salafismo internacional se ocultan y establecen mayores medidas de seguridad que las blinda frente a operaciones policiales. 

6.- El informe del CNCA constata una falta de colaboración y de información por parte de la mayoría de los ayuntamientos, lo que impide conocer datos claves para localizar a activistas y seguir el rastro a militantes salafistas. También ese desconocimiento, atribuible a la falta de informes de los ayuntamientos, imposibilita a los analistas para realizar un mapa preciso de los riesgos a los que nos enfrentamos. 

Quiero centrarme en este último punto, más importante de lo que puede parecer a primera vista, porque, en román paladino, dice que los ayuntamientos no controlan su censo o no quieren facilitar los datos que tienen en su poder, en muchos casos por un mal entendido proteccionismo a los inmigrantes ilegales. 

Una gran parte de consistorios tienen una normativa laxa en cuanto a exigencias para la inclusión en el padrón, hasta el punto de que son registrados muchos extranjeros que acaban de llegar con visado de turista. Tampoco realizan ninguna inspección para evitar la existencia de pisos patera, donde resulta sencillo esconderse a los captadores islamistas, a terroristas y a narcotraficantes. Las viviendas masificadas, las barriadas degeneradas en guetos, son el caldo de cultivo donde surgen y se multiplican las doctrinas islamistas, donde surgirán los radicales yijadistas y donde habitan o habitarán las células durmientes. 

La permisividad legal respecto a la diligencia de empadronamiento es letal, pues se inscribe a los inmigrantes irregulares sin más trámite que un recibo de luz o agua, un contrato de arrendamiento o con la solicitud de un titular de un alquiler, y ello inicia una cascada burocrática que conduce a la concesión a los ilegales de sanidad y educación gratuita, así como al inicio del cómputo del tiempo necesario para una futura concesión del permiso de residencia por arraigo, para lo que los servicios sociales habrán, en su día, de emitir el informe de arraigo social. Todo ello nos muestra la gran importancia de la actuación municipal en el fenómeno inmigratorio, cuán grande su responsabilidad en la regularización de millones de extranjeros que entraron en España sin permiso, y cuanta su capacidad para colaborar, si así lo deseasen, en la lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo islamista franquiciado. 

La inexistencia de un control estricto de la inmigración, así como el desconocimiento del volumen real de los inmigrantes musulmanes, junto a su demografía explosiva, están facilitando la sustanciación del plan que el islamismo ha diseñado, que es la ocupación de Europa por la fuerza de la inmigración y de la natalidad, y cuyos líderes no se cansan de anunciar en sus discursos y sermones.

Como parte de este proyecto de “invasión” sin armas, está la sumisión y aislamiento de la mujer del entorno occidental para evitar su “contaminación” con la idiosincrasia occidental, lo que las inutilizaría como instrumentos, más bien como arma, islamista. Necesitan a la mujer y la necesitan sometida, obligada a ser un vientre que no cese de parir y que llene las calles de niños musulmanes. Su ideal, como ya han insinuado sus más atrevidos imanes, sería la autorización de la poligamia, que aumentaría exponencialmente los nacimientos y aceleraría la supremacía musulmana. De hecho ya la practican subrepticiamente con la convivencia de varias mujeres con un hombre en el mismo domicilio simulando arrendamiento de habitaciones, lazos familiares o simple amistad. 

Sería necesario para un control cabal de la inmigración y de sus derivaciones delincuenciales e islamistas, tanto terroristas como no, que los ayuntamientos establecieran estrictas medidas censales, prohibieran el empadronamiento de ilegales, controlaran el número de personas por vivienda y facilitasen a las autoridades policiales y de inteligencia toda la información útil que obre en su poder. Como la experiencia nos dice que no existe voluntad para ello, lo sensato es que el Gobierno nacional promueva una Ley del Censo que unifique criterios e imponga el sentido común sirviendo a la seguridad de todos. De lo contrario estaremos abriendo las puertas a nuestros enemigos, nuestra derrota será segura y la cultura europea desaparecerá en el mar de la islamización. 

Manuel Montes Rodríguez

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