España2000 y su defensa de un comercio de calidad en Alcalá en el diario ABC

ABC 09/02/15 | Alcalá de Henares, elecciones locales de 2011. España 2000, partido calificado de extremaderecha por algunos medios de comunicación, obtiene un concejal en el Ayuntamiento de la ciudad. En su programa, las medidas para controlar la inmigración son uno de los puntos fuertes. La noticia salta en los periódicos porque en la villa complutense viven muchos extranjeros. Así lo revela el padrón municipal de 2014, donde se detalla que la población total es de 207.000 personas, de las cuales 44.459 nacieron en 120 países diferentes.

Un paseo por Alcalá revela esta diversidad. En la calle Nuevo Baztán, a las afueras, el bullicio del bar de la esquina contrasta con la calma que se impone al oscurecer. Las luces parpadean a través de los escaparates de comercios aún abiertos. Los dos bazares chinos no cerrarán hasta las once o las doce de la noche. La antigua tienda de frutos secos, llevada por un español desde hace más de veinte años, lo hará más temprano, sobre las diez. A esa misma hora también echará la verja el comercio de alimentación rumana, inaugurada el pasado verano para atender a los inmigrantes de ese origen que viven por la zona. España 2000 aprovecha la indignación de los pequeños comerciantes que se sienten abandonados ante la multiplicación de tiendas asiáticas.

«Al mal gusto, la cutrez, la escasa calidad y la anarquía en letreros y mensajes en numerosos escaparates hay que ponerle fin, o al menos coto», detalla España 2000 en una moción presentada en el Ayuntamiento en enero de este año. El partido conoce las tensiones que surgen entre los comercios tradicionales, pertenecientes a españoles, y las nuevas tiendas propiedad de extranjeros.

Pedro es dueño de la tienda Oliva, unos frutos secos situados en la calle Torrelaguna. Su negocio tiene más de veintiocho años de historia. Tras su mostrador, lamenta la «competencia desleal» de los comercios asiáticos, cuyos horarios y precios le arrebatan la clientela. Para él, todo empezó hace unos ocho años, cuando este tipo de tiendas comenzaron a multiplicarse. «Me especialicé en la venta de ciertos productos que ellos no tienen para sobrevivir», cuenta. Rodeado por juguetes y bolsas de chucherías, conoce a otros comerciantes que tuvieron que dejar sus negocios. No oculta su impotencia. «La gente se lamenta cuando cierras, pero tampoco vienen a comprar», añade Pedro, consciente de que «el público se adapta a los horarios de las tiendas chinas porque abren hasta tarde». Su esposa, que trabaja con él, explica que «los chinos ocupan todos los locales disponibles en las calles». A pocos metros de distancia, los dependientes de dos de estos negocios asiáticos se niegan a contar su historia o hacer declaraciones.

El concejal de España 2000, Rafael Ripoll, considera que «la situación del comercio en Alcalá es lamentable» y afirma que esta crisis «no está causada por la inmigración», sino «por el nuevo comercio tipo bazar chino». Junto a su campaña a favor de los negocios tradicionales, el partido también rechaza la construcción de una mezquita en la ciudad e insiste en que los extranjeros son causa de «graves problemas sociales y de seguridad». Ripoll señala que las tiendas gestionadas por ciudadanos de la Europa oriental no provocan tensiones. Sin embargo, la página web de España 2000 suele recopilar con cierta insistencia noticias sobre delitos cometidos por extranjeros, entre los que se encuentran los rumanos.
 

1 comentario :

  1. La normativa europea establece que los ciudadanos de la Unión deben poder disfrutar de los mismos derechos en el acceso a la jubilación que los residentes nacionales en el país en el que se retiren.

    En otros estados miembros, un año cotizado sólo daría derecho a una prestación equivalente a lo que se haya contribuido, es decir, alrededor de 60 euros al mes (en Francia se calcula incluso por trimestres), ya que no hay leyes que garanticen una pensión mínima.

    Sin embargo, la legislación española no permite pagar esa cuantía tan baja, así que le complementa la pensión al trabajador, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, hasta cubrir la mínima (que puede estar entre 601,90 y 782,90 euros en 2015, según tenga o no cónyuge a cargo).

    Según han detectado la Policía y la Seguridad Social, muchos ciudadanos europeos, especialmente rumanos, fingen estar trabajando en España cotizando en España un año (sin trabajar) para poder cobrar la pensión mínima, pidiendo la jubilación en territorio español y disfrutar así de unas condiciones ventajosas que no tendrían en otro país de la UE.

    Según explicó la antigua directora del gabinete de la Secretaría de la Seguridad Social, María José Tarreros, la operativa consiste en que una mafia organiza en España una empresa ficticia, que nunca tiene actividad real, en la que aparentemente contrata a ciudadanos rumanos por los que cotiza a la Seguridad Social. Lo cierto es que estos falsos trabajadores pagan la cotización de su bolsillo a la inexistente empresa.
    El negocio es redondo. El ciudadano ha pagado de su bolsillo la cotización equivalente a un año y a cambio tiene para toda la vida, siempre que resida en España (en teoría), una pensión de cuantía razonable, muy superior a la que disfrutaría en su país. Rumanía envía a España la cantidad que le corresponde por los años de cotización allí para terminar de complementar la prestación.
    Para disfrutar este derecho, el ciudadano debe ser legalmente residente en España (otra cosa es que viva en el país de verdad). De esta forma, disfrutaría además de la sanidad pública española y de los descuentos ligados a los productos farmacéuticos.
    La práctica de cotizar sin trabajar realmente se extiende también para poder disfrutar de otras prestaciones, como el paro o las pensiones de discapacidad.

    Desde la Seguridad Social no se atreven a cuantificar cuánto puede suponer para las arcas del Estado este fraude en concreto, ya que no desglosan las actuaciones por delitos. Además, las operaciones para destapar este tipo de fraudes suelen implicar varios delitos a la vez.

    Durante 2014, la Policía y la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social han detenido e imputado a 4.631 personas, de las que más del 60% era de nacionalidad extranjera, y se han realizado 46.304 investigaciones en materia de fraude a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 7,4% respecto a 2013.

    España es uno de los pocos países europeos que garantiza una pensión mínima(8.882,75 euros anuales para 2015), que es utilizada por ciudadanos de la Comunidad Europea y de paises que tienen sucritos Convenios Bilaterales en materia de jubilación suscritos con España (Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela) para poder disfrutar de una jubilación decente en España sin haber trabajadomuchos de ellos nunca realmente en nuestro país, ya que se le aplica los mismos requisitos para pagarle una prestación que a cualquier otro trabajador europeo en España: un mínimo de 15 años cotizados. Pero no importa dónde haya cotizado esos 15 años, ya que, a efectos de generar el derecho, computan exactamente igual los trabajados en otros países.

    En España, como siempre y desgraciadamente, hecha la ley, hecha la trampa.

    Y en Alcalá de Henares, de casos como estos, andamos sobrados.

    ResponderEliminar